Por: Juan Pablo Rivera – Presidente Grupo ZFB

El pasado 15 de marzo fue promulgado el decreto 278 de zonas francas, más conocido como el decreto de Zonas Francas 4.0; con este, el Gobierno Nacional pretende seguir potenciando el instrumento de zonas francas haciéndolas más competitivas y enfocadas a los requerimientos de las inversiones del futuro cercano, conocidas como el Nearshoring o retorno de las empresas a sus países de origen o a los paises cercanos, buscando mejorar la disponibilidad de productos tanto en tiempos como en costos. Todo esto producto de la guerra comercial entre USA y China, así como de la pandemia del COVID-19. 

Se estima que son cientos las empresas americanas y europeas que están con el propósito de buscar el lugar ideal para aterrizar sus inversiones, para lo cual todos los países del Caribe y América Latina estamos presentando nuestra mejor propuesta y es por eso que este nuevo decreto se convierte en pilar fundamental para la atracción de estas nuevas empresas anclas que en conjunto con sus empresas proveedoras que seguramente los seguirán, así como con el encadenamiento de las empresas nacionales, podremos proporcionar bienestar a los colombianos, cumpliendo con un sueño que como colombianos tenemos desde hace muchos años y que son fundamentales para la diversificación de la canasta exportadora colombiana.

Como primera medida este nuevo decreto envía un mensaje de estabilidad jurídica al establecer que las zonas francas tanto permanentes como especiales tendrán una duración de 30 años con la posibilidad de una prórroga por 30 años más, con unas inversiones acordes a los sectores vinculados en cada zona franca y con una disminución importante en requisitos lo cual conlleva una reducción importante en el tiempo para obtener la aprobación de una nueva zona franca o su prórroga.

Igualmente, como parte de la estabilidad jurídica, se dió un gran paso de fortalecimiento institucional del instrumento al crearse el consejo técnico de zonas francas, conformado por el Gobierno Nacional, los gremios y los privados, adscrito a al Comité Nacional de Competitividad, consejo desde el cual se podrán revisar los temas de interés para lograr que el instrumento tenga las mejores prácticas a nivel internacional.

En materia de aplicabilidad, se dio cabida a que todos los sectores de la agroindustria puedan acceder en forma general al instrumento de zonas francas, incentivando a que estos nuevos proyectos se desarrollen en las zonas menos desarrolladas del país con los beneficios que en materia de inversión, empleo y desarrollo puede traer a estas regiones, que tanto lo necesitan.

Siendo el sector de los servicios uno de los que más jalona el PIB nacional, el decreto de zonas francas también plantea múltiples nuevas oportunidades de aplicabilidad tales como el desarrollo de zonas francas permanentes en municipios de menos de un millón de habitantes, sin requisitos de área mínima;  permite que zonas francas especiales de servicios se puedan transformar en permanente para la exportación de servicios en general o para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, generando encadenamientos con el resto de la cadena de valor de los servicios; entendiendo la nueva dinámica del trabajo a distancia o trabajo en casa, permitió que el 50% de las personas que trabajan en las empresas de servicios en zonas francas, puedan adelantar sus actividades en forma virtual.

Se incluyó la posibilidad de que concesiones ferroviarias y aeroportuarias pudieran acceder al régimen franco; además, adecuándose a las nuevas tendencias en materia de comercio exterior, permitió que el comercio electrónico pueda ser desarrollado desde las zonas francas por parte de los Usuarios Industriales de bienes y servicios a través de la modalidad de tráfico postal y entregas urgentes, para lo cual se está trabajando en la reglamentación con la dirección de aduanas.

Como podemos observar, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se dio a la tarea de pensar fuera de la caja para llevar al país a tener la mejor legislación de zonas francas de América Latina con el único propósito de apoyar la reactivación del país y mejorar su competitividad para atraer más y mejores inversiones de nuevas tecnologías, que nos permitan crecer a ritmos superiores al 5% y diversificando e incrementando la canasta exportadora tan necesaria para la balanza comercial del país. 

Esto se sumaría a lo ya logrado por las zonas francas en los últimos años: 120 zonas francas en operación, con inversiones que superan los 45 billones de pesos y con cerca de 250.000 empleos entre directos e indirectos, sin contar con el impacto económico del costo beneficio del instrumento demostrado por expertos. Por cada peso invertido por parte del Gobierno en el instrumento, éste recibe 3,2 pesos a cambio. Gran rentabilidad la que ofrecen las zonas francas al país.

Siendo esto así, no se entiende como la comisión de expertos tributarios en sus recomendaciones pide se revise el instrumento, pues según ellos no es muy efectivo para atraer la inversión y el país pierde ingresos tributarios, desconociendo lo logrado hasta el momento, además de que las zonas francas son reconocidas a nivel internacional, a la fecha existen más de 5.000 en el mundo. 

De igual forma plantean llevar a las zonas francas  al régimen ordinario de IVA, particularmente las Zonas Francas Permanentes Especiales y si esto no es viable, eliminarlas o por lo menos, no crear nuevas; así como plantea que las normas vigentes del IVA para las ZF representan una mala práctica, según ellos suponen un riesgo de fraude demasiado alto, trasladan la carga del IVA a las empresas nacionales que venden a las sociedades de ZF e incrementan los costos. 

Claramente la comisión en sus recomendaciones desconoce que en la última reforma tributaria, las zonas francas quedan niveladas en materia de IVA con las empresas del territorio nacional y además que para las empresas de zonas francas con vinculados nacionales, obliga la presentación de precios de transferencia, precisamente con el propósito de que los costos se ubiquen en donde se deben ubicar.

Estas recomendaciones que aunque a modo de ver de algunos no son de obligatorio cumplimiento, son recomendaciones respetables, si han dado pie para que algunos economistas con columna o cierta audiencia editorial, se hayan dado a la tarea de ir en contra del instrumento, muy seguramente sin conocer de primera mano todas las bondades y beneficios que han traído las zonas francas al país. 

Es por esto que  partir de la semana de Pascua, todas las instancias privadas, gremiales, gubernamentales, debemos hacer frente común para que los parlamentarios, quienes tienen la difícil tarea de revisar la reforma tributaria que será presentada por el Gobierno Nacional, puedan visualizar claramente los beneficios que las zonas francas le generan a Colombia en materia de inversión, empleo de calidad y formal, exportaciones, capacitación, transformación digital y tecnológica.

En resumen dejen de ver las zonas francas como un gasto fiscal y nos vean como un instrumento de promoción de las  inversiones nacionales y extranjeras, tal vez el único y mejor con que cuenta actualmente el país.